Espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan: ¿habrá justicia?, por Elsa Bruzzone

Por Elsa Bruzzone*

“El que manda a los hombres ha de cuidar de ellos, y si no los sabe cuidar no los puede mandar” José Martí

Hace unos días el Juez Federal de la jurisdicción de Dólores, provincia de Buenos Aires, Martín Bava, procesó al ex presidente argentino Mauricio Macri en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los 44 submarinistas que murieron en el hundimiento del ARA SAN JUAN el 15 de noviembre de 2017.

Las investigaciones realizadas y las declaraciones de ex funcionarios convencieron a Bava de que Macri fue quien autorizó ese espionaje ilegal a los familiares de las víctimas. En su resolución el juez sostuvo que Macri “era penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor y en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público” Le trabó un embargo por 100 millones de pesos y le impuso la prohibición de salida del país, determinando que la misma se aplicaría a partir de su reingreso a nuestro país ya que Macri se encontraba en Chile. Además deberá notificar al Tribunal si se ausentará de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días e informar al juez cualquier cambio de domicilio.

Los hechos

En septiembre de 2020, la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño realizó una denuncia al respecto ante la aparición de pruebas: los partes de inteligencia elaborados entre el 20 de noviembre de 2017 y diciembre de 2018, cuando se localizaron los restos del ARA SAN JUAN, por la sede de la AFI en Mar del Plata. El fiscal Daniel Adler fue el encargado de realizar las primeras investigaciones en Mar del Plata. Luego el caso cambió de jurisdicción y se radicó en Dolores. En el proceso judicial se presentaron pruebas que revelaron que desde la base de la AFI en Mar del Plata se coordinaron las tareas de vigilancia contra los familiares de los tripulantes. Los seguimientos se realizaron sin autorización judicial ni justificación válida alguna y desde los primeros momentos de la desaparición del ARA SAN JUAN.

No sólo se los siguió, infiltró y fotografió, sino también se reunió información acerca de lo que pensaban y cuáles eran sus reclamos al gobierno. Para el juez la vigilancia "se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional…. Las prácticas ilegales que se v entilan en esta Resolución nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país”.

El juez precisó además que “fue Mauricio Macri quien no sólo permitió la realización de esas tareas ilegales sino utilizó esa información para tomar decisiones. En algunos casos esas decisiones tuvieron que ver con tener información adelantada sobre los reclamos que recibiría o las manifestaciones organizadas por las víctimas ante la visita del entonces Presidente a Mar del Plata; y en otras ocasiones, a mantener el seguimiento constante y sistemático de las medidas reivindicativas del colectivo de familiares que resulta víctima de estas tareas ilegales… El hecho concreto de que se haya espiado a las y los familiares tripulantes del submarino cuando estos iban a reunirse con el Presidente de la Nación, pero que no se haya tomado la misma determinación en otras oportunidades es un argumento concreto que ilustra cómo la infiltración en los reclamos de los 44 tripulantes respondió a un requerimiento puntual realizado por el imputado… Las acciones llevadas adelante contra los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, así como también las referidas a los familiares del buque Rigel y del buque el Repunte, se fundamentan en ‘viejas concepciones’, hoy manifiestamente ilegales, en las que el objetivo de la inteligencia estatal vuelve a recaer en actividades que hacen al funcionamiento de nuestro sistema democrático, como son las manifestaciones sociales o los reclamos de justicia de diferentes colectivos de la sociedad y el derecho constitucional a peticionar a las autoridades.”

Previo a la decisión sobre Macri la causa ya tenía 11 procesados, incluyendo a los ex Jefes de la AFI en la administración de Cambiemos, (ahora Juntos por el Cambio), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A ellos se unieron el 30 de noviembre próximo pasado los ex Directores Operacionales de Contrainteligencia de la AFI Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra. El defensor de Macri, Pablo Lanusse, apeló su procesamiento al igual que el resto de los imputados en la causa. Solicitó la nulidad del mismo o en su defecto que la causa se mude a Comodoro Py, un lugar muy amigable y presto a satisfacer sus demandas.

Quizás convenga recordar que cuando asumió como Presidente de nuestro país el 10 de diciembre de 2015, fue desprocesado por el Juez Casanello, en una causa por espionaje a sus familiares, organizaciones sociales y gremiales de la Ciudad de Buenos Aires, mientras fue Jefe de Gobierno de la misma. Un viejo y permanente vicio. Como broche de oro, su coalición, ahora Juntos ha solicitado el juicio político al juez Bava y la anulación de la causa. Nunca más cierto el refrán popular: “Dime con quién andas y te diré quién eres".

Reflexión final 

Debemos recordar que ni Ministros, ni Secretarios, ni funcionarios, ni la AFI al igual que los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas pueden realizar tareas de motu propio. Todos están subordinados a la figura presidencial. Es el Presidente de la República el que da las guías y lineamientos para actuar. Puede delegar la autoridad pero nunca su responsabilidad.

Por ello, a la luz de los hechos probados, le cabe la “Doctrina de responsabilidad de comando" que si bien fue establecida cuando se juzgaron a los principales criminales de guerra nazis y japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial, hoy se aplica también a la parte civil. De hecho esta doctrina la invocó mi esposo, el coronel (R) José Luis García cuando realizó el peritaje durante el juicio a Alberto Fujimori en el año 2008 en Perú, por las Masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Les recuerdo que al terminar el juicio Fujimori fue condenado a 25 años de prisión efectiva. Esta misma doctrina debe aplicarse en este caso y también con respecto al ARA SAN JUAN. Se es culpable por acción, cuando se dan órdenes que son violatorias tanto del derecho nacional como internacional vigentes, o por omisión, cuando se conoce o se sabe que se cometieron esas violaciones, y no se hizo nada para castigar a los responsables. Así de sencillo. Reitero: se puede delegar la autoridad pero jamás la responsabilidad.

Tengo serias dudas sobre si se habrá justicia. No creo en ella. Tampoco en la llamada "justicia universal" (Tribunal Penal Internacional de Roma y Corte Internacional de La Haya). He visto su funcionamiento. Impunidad absoluta para los crímenes de guerra y violaciones de toda índole cometidas por EE UU y sus aliados o mejor dicho sus esclavos de la OTAN, monarquías del Golfo Pérsico, Jordania, Marruecos, Estado de Israel, Iván Duque, entre tantos y persecución a quienes no se arrodillan ante el Imperio, hoy en decadencia absoluta aunque sigue vendiendo espejitos de colores que muchos/as compran. Y como broche de oro el juzgamiento y condena de aquellos que ya no son útiles para el Imperio.

Las cárceles argentinas están llenas de excluidos/as, desarrapados/as, desarraigados/as, pobrísimos/as, de luchadores/as sociales y ambientales, de víctimas de causas armadas, amén de presos/as políticos/as. Mientras los/as vende Patria y Pueblo, los/as poderosos/as, los/as ladrones/as de guante blanco, los/as fugadores/as de dineros que pertenecen al Pueblo pasean libres y viven rodeados de impunidad. Un puñado de mariposas y golondrinas en el Poder Judicial no hace el verano. “Los pueblos que esperan su porvenir de una abstracción legal o de la voluntad de otros son de antemano pueblos sacrificados”. Estas palabras le pertenecen a nuestro Manuel Ugarte. No las olvidemos.

* Miembro de CEMIDA (CENTRO DE MILITARES PARA LA DEMOCRACIA ARGENTINA)