¿Qué pasa en discapacidad?

“Bueno gente estoy necesitando un caso de un padre que no tenga transporte, que sea del Plan Incluir Salud y que, nada, que viva en una situación complicada, un lugar humilde, una persona con discapacidad, porque va a ir Lanata (Jorge) a la casa, así que nada, me pueden pasar por privado, necesito un padre de una familia, por favor, urgente”.

(Esta es una transcripción textual de un pedido que, según fuentes, sería de Daniel Mazuzzo, presidente de la Unión de Transportistas de la República Argentina, que cuando el macrismo provincializó el servicio salió a organizar a los transportistas de Buenos Aires y realizó protestas violentas en el local de Incluir Salud de La Plata).

Polarización asimétrica

Hasta el jueves 1 de septiembre, día en el que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un intento de magnicidio, el reclamo de los prestadores de personas con discapacidad cobraba protagonismo en medio de una situación política alterada: un chico de las aplicaciones de comidas a domicilio insultaba a los manifestantes frente al domicilio de la vicepresidenta.

Horacio Rodríguez Larreta, intendente de CABA, interponía vallas - entre Cristina y los que habían decidido apoyarla, a raíz del pedido de 12 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos que pedía el fiscal Luciani en el juicio de Causa Vialidad en Santa Cruz-, y dos contenedores llenos de piedras. Mientras tanto la oposición almorzaba, en Happening, y maltrataba a Larreta, en todos los frentes políticos y mediáticos.

En ese contexto, la readecuación del gasto y la subejecución de partidas presupuestarias se manifestaban como metáfora del ajuste. Después vinieron cosas peores, pero hasta ese momento el vértigo parecía propicio para que, colgados del colectivo de discapacidad, aparecieran los prestadores (que para estas épocas siempre marchan). Prestadores azuzados por los grupos de la derecha que hasta no hace un mes, hablaban del “negocio de la discapacidad”, de las obleas y los estacionamientos libres que “veían por todas partes”, sobre que antes de hablar con “Cristina” se cortarían las piernas, pero ahora defendían al colectivo con uñas y dientes, como si en ello se les fuera la vida.

En el 2018 arremetió Jorge Lanata contra la discapacidad. Durante el debate por el Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados, el ex ministro de Economía y actual diputado nacional Martín Lousteau (Evolución Radical), señalaba: “no discutimos en qué gastamos y no deberíamos” y “tampoco discutimos en qué no gastamos y deberíamos”. Tenemos en la Argentina hasta el año 2007 180 mil pensiones por invalidez, hoy hay 1.050.000 (…) hay 800 mil de más (…) Son más que los muertos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos juntos en la Segunda Guerra Mundial”.

Viejo tema eso de meterse con los derechos, ajenos. La pregunta es por qué este desmesurado impulso mediático en este momento y no cuando el ex presidente Mauricio Macri echaba empleados estatales con discapacidad, o suspendía pensiones no contributivas, un gobierno que en sus filas contó con la mayor cantidad de ministros con discapacidad, además.

La derecha en nuestro país es un oxímoron por un lado alza la voz por las personas con discapacidad indignadísimas, y por otro un legislador porteño que no tiene otro mérito que ser el marido de Pampita, presenta un proyecto para demoler un edificio histórico como es el de Av. 9 de Julio y Belgrano donde funcionan dos ministerios el de Salud y el de Desarrollo Social, que tramitan políticas públicas para el colectivo y además, trabajan personas con discapacidad. (No aclaró si ese día debíamos asistir para explotarlo con nosotros adentro, o nos daba feriado.)

Lo cierto es que tenemos mucho debate por delante respecto del cumplimiento de las prestaciones. Qué pasa con la entrega de medicamentos, con el cupo laboral del 4%, con la adjudicación de los espacios para kioscos inclusivos. O porqué las viviendas adaptadas para personas con discapacidad del Programa Procrear están muy por debajo del cupo del 5 %, o cómo alcanzamos las 11.500 pensiones, que se otorgaban, mes tras mes durante los 8 años de gobierno de Cristina Kirchner, como para hacernos eco de problemas ajenos.

Prestadores de obras sociales

La subejecución de las partidas presupuestarias o re adecuación de partidas como llaman ahora al ajuste tiene que ver con dos motivos: el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) que trajo Macri con una deuda impagable, y nos la endosó a todos los argentinos, y también con que el partido opositor, el de Macri, valga la redundancia, que no aprobó el presupuesto 2022. Pero tanto la ANDIS como el ejecutivo niegan recorte.

Ante la insistencia el gobierno juró y perjuró, varias veces, que no hay ni habrá ajuste ni en discapacidad ni educación ni en salud.

Los prestadores, por su parte, plantean una cuestión de sintaxis incorporando la palabra discapacidad a su relato. ¿Quién se negaría a que le paguen, si atienden a personas con discapacidad? Y como a pesar de todo el trabajo realizado todavía se sostiene el encuadre médico de la discapacidad el discurso cierra. Y no todos alzaron la voz, Asociaciones como AIEPESA, (Asociacion de Institutos Educativos Privados) no avalaron la movilización. Dijeron: “creemos que no es el momento adecuado a movilizar dado el diálogo abierto en búsqueda de una pronta solución, sumado al contexto de movilizaciones políticas que hoy ocupan las calles.” Conclusión: todo reclamo, merece atención, como cualquier reclamo sindical o gremial, y el de los prestadores del Estado que se canalice ante quien contrata sus servicios.

Por su parte la Agencia Nacional de Discapacidad aseguraba: “Todas las medidas que están en estudio garantizan la financiación de las prestaciones las cuales continuarán siendo brindadas por las obras sociales” (...) ”…actualmente se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad, y a su vez garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con las responsabilidades que les atribuye la Ley 24.901”.

Y agregaron: "De tal manera, rechazamos las versiones periodísticas y las campañas que pretenden confundir y generar incertidumbre entre las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores y las trabajadoras del Sistema”. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga señalaba además que “desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días y el atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad, se están regularizando desde hoy”.

El Ministerio de Economía agregaba: "Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas". Este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso."

Las desmentidas de las versiones que circularon, no trajeron paz a los Diputados de Juntos por el Cambio, responsables de 170.000 bajas en pensiones no contributivas, durante su gestión. En la solicitud, encabezada por Soledad Carrizo y Ricardo Buryaile (ambos de la UCR), reclamaron que el Gobierno informe “si existe demora en los pagos de prestaciones por servicios de salud a las personas con discapacidad, y en cuyo caso, cuál es la situación de la demora y su causa”. Porque según ellos, a través del Boletín Oficial, el Gobierno redujo montos de inversión en Educación, Vivienda, Salud, Obras públicas e incentivos a la producción. Y mediante la decisión administrativa 826/2022, firmada por Massa y Juan Manzur, habrían quitado $ 15.000 millones del dinero asignado al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”, y $ 30.000 millones al programa Conectar Igualdad.

Pero no paró ahí la cosa. En change.org Unidos por la discapacidad pedían firmar un “no al proyecto de decreto que saca a la discapacidad de las obras sociales”. No sabemos de la existencia de tal DNU, pero esta organización cuestiona, de todos modos, quien estará a cargo del nuevo FONDO y cuál será la autoridad de aplicación, facultada para el dictado de las normas, y dice que de ser la ANDIS, es un disparate jurídico más. Pide además Se deben especificar cuáles son las fuentes de financiamiento afectadas. Lo más complejo es que no sabemos de qué decreto hablan, parece que es de uno fantasma.

Por si fuera poco, según Ámbito Financiero, la CGT le reclama a Massa firme el DNU que le traiga auxilio financiero a las obras sociales.

El colectivo se reparte entre los que le creen a TN y a los prestadores y los que creen en el gobierno. La interna, la desinformación y los bulos, no son propiedad de la política, ya nos han alcanzado a todos y merecen su propio capítulo.

Es importante aclarar que el pago de las prestaciones, traslados y educación perteneciente al sector discapacidad, es responsabilidad de las obras sociales, de las medicinas prepagas y del Programa Incluir Salud. Las Obras sociales se financian con el aporte de los empleados en actividad más los aportes de los que han optado por continuar en ellas al momento de jubilarse (jubilación mínima: 3%, al PAMI o la Obra Social. Si supera la mínima: el 6% sobre el excedente), O sea, que el reclamo de los prestadores debe ser inexorablemente ante el empleador de sus servicios, Y el empleador nada tiene que ver con las PCD, salvo el resguardarla del estricto cumplimiento de sus derechos. Es importante se sepa, además, que muchos prestadores, ante el menor inconveniente, suspenden los servicios. ¿Quién no ha dejado de ser trasladado, sin que les tiemble el pulso, a un centro, o se ha quedado sin rehabilitación, escuela, o tratamiento psicológico, porque la obra social le paga con retraso? Ni que decir de la cantidad de papeles que se debe presentar para un tratamiento, o para requerir medicación, colegio o acompañamiento terapéutico

Según la Resolución 1815/2021, diciembre de 2021, el Ministerio de Salud otorgó $ 3.500 millones a 216 obras sociales para atender saldos pendientes de cancelación con proveedores con el objetivo de que las prestadoras de salud de los gremios puedan seguir garantizando "una adecuada cobertura médico-asistencial a los beneficiarios" a través de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución. Anticipo récord, más aún si tenemos en cuenta que las atenciones “no COVID-19, fueron inexistentes y al día siguiente de declarada la pandemia se suspendieron las prestaciones de rehabilitación, colegios y traslados. En algunos casos se mantuvo la distribución de viandas a los alumnos de instituciones educativas, pero no en todos. También los médicos son víctimas del sistema. Facturan como monotributistas y tienen diez minutos por paciente y no pueden reclamar porque son inmediatamente reemplazados. Si al monto mencionado más arriba le sumamos que el gobierno además de las autorizaciones de aumentos de las cuotas a las prepagas y obras sociales, que también cuentan con ese servicio, les auxilio con el pago de los sueldos, nadie dudaría a quién reclamar.

En el portal de Perfil del 29-12-2020 se decía que “La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el 28 de diciembre que más de 28 millones de argentinos recibieron asistencia del Estado a lo largo de 2020, alcanzando un récord durante la pandemia de coronavirus. El organismo ejecutó más del 13% del PBI y la inversión en Seguridad Social alcanzó los $3,5 billones este año. Según los últimos datos oficiales, los créditos a tasa 0% de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) requirieron al 31 de octubre, de ese mismo año, un desembolso de $3654 millones.”

De acuerdo con el relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los ingresos de las principales seis compañías que manejan la medicina prepaga (Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE y Swiss Medical) duplicaron sus ganancias en dólares respecto de 2015, y respecto de un lustro atrás y llegaron a 201,8 millones de dólares (a valores constantes) en plena pandemia. Para los principales actores de la medicina prepaga, el 2020 significó el mejor desempeño de la serie, mientras que 2017 y 2019 muestran caídas sensibles. Pese a los dos años de desplome macrista, con un retroceso acumulado de 52 millones de dólares entre ambos, las prepagas lograron duplicar en cinco años en unos 400 millones de dólares sus ganancias. Si se consideran todos los aumentos previstos, el acumulado para 2022 es superior al 50 por ciento. Las prestadoras mencionadas, según la economista Julia Estrada en el programa de Ari Lijalal por El Destape radio, triplican las ganancias del resto de las principales empresas, incluídas las de alimentos.

Insisto, muchas de estas medicinas prepagas reciben fondos derivados de las obras sociales y muchas obras sociales cuentan con medicinas prepagas, entonces cabe la pregunta ¿Con estas ganancias que motivo tienen para no pagar a los prestadores?

Había que bajar el hastag #noalajusteendiscapacidad. Está pasado de moda

A río revuelto ganancias para todos y todas, menos para las personas con discapacidad que no nunca pescan ni un bagre.