La grieta, la legitimidad y la dialéctica de la mentira

Por Sebastián Enricci

A lo largo de dos siglos de historia argentina, y gracias al trabajo historiográfico que comprende también al gran aporte del oficio periodístico realizado a través de los años, se pueden señalar los diferentes procesos políticos que marcaron los distintos momentos de nuestra corta existencia como nación independiente.

Por esa razón encontramos la etapa emancipadora; las guerras civiles; la organización constitucional; la generación del 80; la Década Infame; el peronismo; gobiernos militares y democracias restringidas; la última dictadura cívico-militar y la democracia plena desde 1983.

En todas estas épocas y en cada una ellas siempre existieron al menos dos ideas antagónicas de país que inevitablemente se enfrentaron en campos de batalla o en contiendas electorales. Es por ello que la tan mentada grieta no es otra cosa que el debate y la discusión de cómo resolver los problemas que todo pueblo organizado debe abordar en aras de la continuidad histórica del Estado.

Desde la recuperación de la democracia se sucedieron siete gobiernos en total y se los recuerda según la implicancia inmediata de sus políticas: la hiperinflación de Ricardo Afonsin, las privatizaciones de Carlos Menem, el argentinazo contra Fernando De La Rúa, la mega devalución de Eduardo Duhalde, la recupeación de la dignidad y de la política como herramienta transformadora de Néstor Kirchner, el empoderamiento de las minorías de Cristina Fernández de Kirchner y, aunque la actual administración que preside Mauricio Macri sólo lleve poco más de la mitad de gestión, es vox populi que se lo recordará como el gobierno de los CEOs.

En los 35 años de democracia ininterrumpida se hace indispensable comprender que la legitimidad de los gobiernos la confieren los votos que emanan de la voluntad popular mediante el sufragio directo de los ciudadanos y por ende reflejan la configuración del poder estatal. Un poder que si bien conlleva la característica de ser legítimo desde el origen, no es menos cierto que dicha legitimidad también está dada por el concepto de la legitimidad legal-racional que proporcionan las normas y los procedimientos constitucionales que son respetadas por el conjunto de la sociedad.

Tanto la legitimidad de origen como la legitimidad legal-racional constituyen en sí mismo un contrato implícito entre los ciudadanos y el Estado nación cuya principal tarea es la condensación institucional de las relaciones sociales entre todos los actores y sectores de la comunidad. Dicho contrato se basa en el principio fundacional "protego ergo obligo" (te protejo entonces te obligo) y se enmarca en el Estado de derecho que sustenta toda república democrática por la cual los ciudadanos eligiran al poder político que los representará y admistrará entre varias opciones. Solo accederá al poder político aquella visión, idea o postura partidaria que con su discurso sea capaz persuadir a un mayor número de votantes. En resumidas palabras, triunfará aquel que sepa transmitir una propuesta superadora para beneficio del conjunto.

Pero en la era de las comunicaciones y de la revolución informática, que dotó a la humanidad de la información minuto a minuto y al alcance inmediato desde un dispositivo celular móvil, se hace imperioso analizar el fruto del discurso político, su dialéctica, la retórica y el impacto que provoca en la sociedad cuando las propuestas ofrecidas a la ciudadanía no son cumplidas, sino que además se hace exactamente lo contrario.

La realidad cotidiana y la actual situación socioeconómica derivada de las decisiones del gobierno de Mauricio Macri en materia de política económica, deja en evidencia que incumplen con la palabra empeñada. Que desconocen la normativa vigente hasta negar, por ejemplo, la negociación de paritarias libres, el no apego a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la represión del derecho a manifestarse, la presión sobre el Poder Legislativo y el Judicial o la manifiesta mordaza sobre el derecho de informar e informarse que daña la libertad de prensa y expresión.

Frente a lo expuesto no queda otra opción que preguntarse: ¿es suficiente la legitimidad de origen cuando alguno de los tres poderes del Estado no respeta las normas, ni los procedimientos legales y tampoco las leyes que dan sustengo a la república democrática que representan?; ¿qué hacer cuando desde el Poder Ejecutivo se miente descaradamente y niegan fragantes actos de corrupción que son disfrasados con el eufemismo de “conflicto de intereses”?; ¿cómo actuar cuando ajustan sobre la educación pública, la salud pública, la previsión social y degradan el poder adquisitivo mientras se beneficia a grandes corporaciones en detrimento de la clase media y pobre aumentando la brecha entre los ricos y los sectores más desfavorecidos?

Para finalizar, y aunque quizás sea prematuro, es importante tener presente la frase siguiente frase del economista francés Claude Frédéric Bastiat: “Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley”. En el mejor de los casos la mencionada cita proporcione un buen antídoto frente a los trolls que operan en las redes sociales y que le adjudican al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y a las llamadas noticias falsas con la que los grandes medios de comunicación intentan desviar la atención y justificar la supuesta grieta entre los argentinos.