Mario Firmenich: evitar la guerra civil

Casi 40 años de democracia liberal dependiente han llevado a nuestra Patria a la más grave situación de su historia. Todos los matices de la clase política han gobernado sin cambiar la estructura económico – financiera - tecnológica dependiente, antiindustrial y antisocial impuesta por la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Las políticas distributivas de Néstor y Cristina Kirchner beneficiaron a los más pobres, pero aunque no cambiaron las estructuras de la dependencia neoliberal fue suficiente para el odio gorila.

Todos los gobiernos han hablado sobre los derechos humanos violados por la dictadura pero han mantenido sus decretos-seudoleyes de la dependencia financiera y de la castración de la historia de resistencia, proscribiendo al peronismo montonero con la teoría de los dos demonios. 

El endeudamiento externo impagable premeditado es la guillotina para el descuartizamiento de la Nación Argentina en beneficio de las multinacionales, las que vuelven al extractivismo de los recursos naturales propio de la economía colonial depredando el ecosistema terrestre.

Las hecatombes político-militares y socioeconómicas ya vividas amenazan repetirse. Pero la crisis social, económica e institucional tiene ahora el trágico contexto de la Tercera Guerra Mundial.

Esta III Guerra Mundial tiene un aspecto clásico de enfrentamiento geopolítico entre potencias pero, como lo que se cuestiona es el orden internacional de la globalización neoliberal, en cada país la guerra mundial tiene el aspecto de guerra civil, porque el neoliberalismo partió las sociedades entre “los ganadores del modelo” y “los excluidos perdedores”. La chispa para el inicio de las guerras civiles puede ser cualquier cosa que incendie “las grietas” heredadas de la historia.

El Contrato Social en Argentina está destruido, si es que alguna vez lo hubo. La Constitución Nacional no es suficiente; el desarrollo exige un Contrato Social Económico. La ausencia de contrato social es el campo minado fértil para la provocación de una guerra civil.

La escalada de “la grieta” lleva a la proscripción política “del enemigo” disfrazada de persecución penal, la cual continúa con el discurso de un diputado nacional pidiendo fusilar a Cristina Fernández de Kirchner. Y la provocación terrorista para la guerra civil llega al repudiable intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación. No falló la bala por milagro; fue una amenaza mafiosa sobre el futuro, quizás también como aviso a otros líderes del continente.

¿No han aprendido de nuestra historia que toda acción genera una reacción igual y de sentido contrario? ¿No han comprendido que la práctica reiterada del “ojo por ojo” termina con todos ciegos? ¿No se dan cuenta que el odio gorila contra el kirchnerismo replantea la guerra civil peronismo –  antiperonismo? ¿No se dan cuenta o ese es el plan dictado desde el exterior?

La posición conveniente para la Argentina y el mejor aporte que podemos hacer a la humanidad frente a la III Guerra Mundial es una neutralidad de nuevo tipo. La neutralidad en una guerra mundial que promueve guerras civiles nacionales, consiste en que en Argentina no haya guerra civil. Esto exige un programa de Unidad Nacional para el desarrollo sostenible de largo plazo. 

La alternativa histórica es: negociar un Nuevo Contrato Social entre todos los sectores sociales, económicos y políticos o que “la grieta” se convierta en guerra social directa, con la decadencia argentina definitiva, rumbo al estado fallido y la desintegración nacional.

Necesitamos una estrategia de defensa nacional integral frente a las agresiones provenientes de la globalización neoliberal en quiebra. Es una necesidad de supervivencia nacional superar la decadencia institucional revolucionando el sistema político y las políticas de Estado en función del desarrollo socialmente justo, económicamente eficiente, políticamente pluralista y ecológicamente sustentable en una nación soberana que impulse la integración latinoamericana. 

Dadas las malformaciones estructurales de nuestro país semiindustrializado dependiente, el Programa de Salvación Nacional es necesariamente un programa revolucionario de cambio de estructuras. 

Entre los impedimentos al desarrollo sostenible se destacan seis restricciones o malformaciones estructurales que deben ser superadas. 

a) Restricción tecnológica. Dependencia tecnológica, retraso en las tecnologías de punta, plantas industriales sin economías de escala.

b) Restricción energética. Infraestructura para energía eléctrica insuficiente en potencia y en predominio de fuentes renovables; alta dependencia de combustibles fósiles.

c) Restricción logística de transporte. Red ferroviaria nacional obsoleta y casi desmantelada, ausencia de red nacional de autopistas, marina mercante desmantelada y subdesarrollo y dependencia en la flota de transporte aéreo.

d) Restricción logística de comunicaciones. Dependencia en la red de comunicaciones satelitales.

e) Restricción en el desarrollo social. 

    e.1.) Escasa población y más de un 10% de la población excluida del sistema; 
    e.2.) Concentración del 35% de la población en el Área Metropolitana de Buenos Aires  
    e.3.) Aparato educativo obsoleto con declive social en lo cultural, técnico y profesional; empobrecimiento y obsolescencia en la formación de mano de obra industrial calificada.
    e.4.) Retraso y empobrecimiento de la infraestructura sanitaria pública y decadencia de las obras sociales; indefensión sanitaria ante pandemias y epidemias.

f) Restricción externa. Pérdida de soberanía financiera, exportación predominante de materias primas sin procesar, dependencia de las importaciones de bienes de capital e insumos críticos con recurrente estrangulamiento de la balanza de pagos.

g) Restricción en la defensa nacional. Indefensión estratégica absoluta.

Es indispensable un movimiento popular fuerte y coherente para pactar un nuevo Contrato Social. El Peronismo Montonero es hijo de la profecía de Evita: “El peronismo será revolucionario o no será nada”. La proscripción de los montoneros no es ajena a la triste decadencia actual. 

Un nuevo contrato social fundacional

Por eso y para eso proponemos:

Programa revolucionario para la liberación y refundación nacional

1º Retirar definitivamente a la República Argentina del FMI. 

La convalidación del crédito inconstitucional por el Congreso no deja otra alternativa. Argentina se integró al FMI con la tiranía fusiladora de Aramburu y Rojas. No se aceptará ninguna política económica exigida por esa institución, de la que no formaremos parte.

Los 44.000 millones de dólares entregados incontitucionalmente al gobierno de Macri serán devueltos con los dólares fugados por los especuladores, bien identificados por el Banco Central. 

2º Derogación inmediata de la ilegal ley de entidades financieras de Martínez de Hoz y de toda la legislación de la dictadura aun vigente. 

La soberanía monetaria debe ser ejercida por el Estado a través de un Banco Central soberano y no por bancos comerciales privados. El crédito nacional debe ser orientado y gestionado por la banca nacional, liderada por el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Hipotecario Nacional y el Banco de la Nación Argentina.

3º Definir un sistema monetario - cambiario nacional soberano, coherente y estable.

La ciencia económica tiene bien establecido el llamado “trilema monetario” o la “trinidad imposible”, que demuestra la inconsistencia autocontradictoria de la existencia simultánea de “soberanía monetaria”, “tipo de cambio fijo” y “libre entrada y salida de capitales financieros”. Sólo son posibles tres sistemas coherentes y estables según a cual de esas tres variables se renuncie.

Proponemos el sistema de soberanía monetaria, tipo de cambio fijo y prohibición de libre entrada y salida de capitales financieros. Esto permite la Inversión Extranjera Directa (productiva) y acaba con la especulación sobre el valor del dólar. El tráfico especulativo de divisas será delito. El dólar dejará de ser moneda de circulación legal. 

La moneda de ahorro será el “argentino de oro”, que se acuñará gracias a la la monetización de las reservas de oro del Banco Central, repatriando todo el oro depositado en el exterior, y la obligación legal de venderle al Banco Central la totalidad de la producción minera de oro nacional.

4º Controlar la inflación para reducirla al 3% anual. Esto es posible con una política específica para cada una de las 12 causas de inflación. 

La inflación argentina es alimentada por 12 causas diferentes. No tienen todas la misma importancia ni actúan simultáneamente. Pero el impacto combinado de todas ellas determina una dinámica de inercia inflacionaria crónica. Para combatir la inflación hay que atacar cada causa con una política específica diferente, que no son sólo medidas técnicas sino que incluyen necesarios consensos socioeconómicos y políticos, que se deben lograr negociando un Nuevo Contrato Social.

Identificamos 4 causas sociopolíticas de inflación: 

a) La mal llamada “inflación de costos”, que es el resultado de la lucha entre los sectores socieconómicos por la distribución de la renta nacional. Si no existe Contrato Social sobre la distribución de la renta nacional, cada sector trata de imponerle “de facto” al resto de la sociedad una distribución de la renta que lo favorezca. Para lograrlo, cada sector presiona para aumentar sus ingresos aumentando sus precios, o sus beneficios, o sus salarios o sus rentas. Como ningún sector  logra imponerse definitivamente, se genera una “guerra de precios continua”. 

b) El impuesto inflacionario, que es la “falsa recaudación fiscal” de los Estados subdesarrollados que no tienen la capacidad político – técnica de evitar la evasión y la defraudación fiscal. Los bienes y servicios públicos que no pueden ser vendidos (como el alumbrado público o la seguridad) o que no es conveniente vender (como la salud y la educación públicas) se deberían financiar cobrando impuestos, los cuales reducen la renta disponible de los ciudadanos para poder ofrecer bienes y servicios públicos gratuitos. Cuando el Estado es incapaz de cobrar los impuestos, los bienes y servicios públicos se financian con emisión monetaria, lo que reduce la renta real de los ciudadanos a través del aumento de precios. Esta es la consecuencia de un Estado subdesarrollado.

c) La inflación de demanda por gasto público político financiado con endeudamiento. El aumento del gasto público como campaña electoral aumenta el déficit fiscal antes de las elecciones. Aunque este endeudamiento no implique mayor emisión monetaria, el aumento de la demanda pública hace aumentar los precios. Si después de las elecciones se intenta equilibrar el presupuesto ajustando el gasto público, se genera el ciclo económico de origen político, con crecimiento antes de las elecciones y recesión después de las elecciones 

d) La inflación de expectativas por incertidumbre política, que se genera por los temores  sobre el futuro debido a la pérdida de credibilidad y confianza en el gobierno. Un gobierno débil, incapaz o sin rumbo genera la expectativa lógica de que el Estado no será capaz de gestionar equilibradamente la macroeconomía. El mecanismo de autodefensa ante la expectativa de una crisis futura es aumentar los ingresos actuales para cubrirse; pero cuando todos los sectores socioeconómicos hacen lo mismo se realimenta la inflación. Si la pérdida de confianza en el gobierno es absoluta y no existen mecanismos institucionales para corregir la situación, las conductas socioeconómicas tienden al “sálvese quien pueda” y se acelera la licuación del poder del Estado; el resultado es la hiperinflación, como ocurrió en el final del gobierno de Alfonsín.

Identificamos 2 causas externas de inflación: 

a) La inflación de costos de insumos importados debido a la dependencia tecnológica. El aparato industrial argentino y las tecnologías agropecuarias más avanzadas son tecnológicamente dependientes de empresas extranjeras debido a la ausencia de una estrategia industrial nacional. Cuando la inflación internacional afecta a bienes de capital e insumos críticos, aumentan los costos de producción de las industrias importadoras, las que entonces aumentan sus precios. 

b) La inflación de demanda externa de los bienes de la canasta básica de alimentos. Los principales bienes exportables argentinos (granos, carnes y derivados) son también los principales bienes de la canasta básica de consumo. La producción de estos bienes tiene ciclos biológicos y estacionales naturales que no pueden modificarse. Si aumenta la demanda externa y los precios internacionales de nuestros bienes exportables, no se puede aumentar la producción en cualquier época: una vez que ya se sembró, un aumento de la demanda internacional no hace aumentar la producción de lo que ya está sembrado. Por lo tanto el aumento de las exportaciones sólo puede hacerse reduciendo la oferta de alimentos en el mercado interno, lo cual aumenta sus precios.  

Identificamos 3 causas de inflación del mercado interno: 

a) La inflación estructural por desarrollo industrial desequilibrado. Una industria subdesarrollada es desequilibrada y la cadena productiva tiene cuellos de botella. Montar una gran planta automotriz no genera automáticamente el desarrollo equilibrado de fábricas de autopartes. Un aumento rápido de la producción de automóviles genera excesos de demanda en los mercados de autopartes con poca capacidad de producción. Esto produce un aumento del precio de las autopartes, que se convierte en aumento de costos del automóvil y genera un aumento de precios. 

b) La inflación de oferta interna por el poder de mercado de los oligopolios en los mercados de bienes de consumo final minoristas y mayoristas. Los mercados de bienes de consumo final en Argentina se han concentrado eliminando al comercio “de proximidad”. Cuando existe una oferta con poder de mercado (monopolio u oligopolios) el resultado automático es la explotación del consumidor con el aumento de la tasa de beneficio de los “formadores de precios no competitivos”.

c) La inflación de demanda interna. La Argentina neoliberal generó un sector social excluido del aparato productivo de millones de ciudadanos. La oferta de bienes y servicios redujo su dimensión de acuerdo a los millones de trabajadores y consumidores incluidos en el sistema. Pero, la versión demagógica de la injusticia social, en lugar de una política industrial que incorpore a los compatriotas excluidos al sistema productivo, reparte “subsidios” financiados con emisión monetaria que incorporan a una demanda de alimentos muy básicos a los millones de excluidos. Financiar un incremento de la demanda sin financiar un incremento de la oferta (que reemplazaría los “planes” por salarios de trabajadores productivos formales) genera un exceso de demanda que aumenta los precios.

Identificamos 3 causas monetarias de inflación: 

a) La inflación por monetización de un déficit fiscal o cuasifiscal improductivo. Si la emisión monetaria aumenta a un ritmo apropiado para el crecimiento del PIB, la mayor cantidad de dinero no genera inflación sino que financia el crecimiento. Si un déficit fiscal del 3% del PIB financia obras públicas que aumentan la productividad del sistema, la monetización de ese déficit productivo financia el crecimiento. Pero la Argentina neoliberal generó un déficit público financiero que obliga a pagar desmesurados intereses de una deuda improductiva emitiendo dinero. La enorme emisión monetaria que paga ganancias financieras del “festival de bonos y letras” es inflacionaria.

b) La inercia inflacionaria. Los desajustes que genera la inflación en los precios relativos generaron la indexación de todos los precios y rentas. Esta práctica dificulta reducir la tasa de inflación a futuro porque todos los precios y rentas incorporan automáticamente el aumento de precios de la inflación pasada. Se genera una inercia de la inflación del año anterior porque la indexación general y automática de todos los precios la reproduce como inflación del año en curso.

c) La inflación cambiaria vía expectativas dolarizadas. La persistencia de la alta inflación durante décadas ha generado una cultura de autodefensa que produce, por un lado, un exceso de demanda de divisas como moneda de reserva de valor y, por otro, una dolarización tácita de los precios en pesos. A esto se agrega la estúpida política de repetir “el que apuesta al dólar pierde”, manteniendo un dólar oficial barato que preanuncia una gran devaluación al costo de despilfarrar las reservas del Banco Central y la credibilidad del gobierno. Así, para el conjunto de la sociedad los precios en pesos “reales” son precios dolarizados que se remarcan según aumenta un tipo de cambio “negro”, “paralelo”, “blue”, etc., cuyo valor dictan los medios de prensa día a día, sin que se sepa si ese valor fue real (porque no está documentado), o si es un valor promedio del mercado o si es apenas el valor máximo de una compra irrelevante de 200 dólares. 

5º Impulsar una estrategia de inversión pública, privada y cooperativa a 10 años

Se impulsará la reinversión del 23% del PIB para lograr un crecimiento sostenido de entre 4% y 5% anual. Además se promoverá la Inversión Extranjera Directa en tecnologías de punta. 

La política económica promoverá que la inversión privada nacional sea del orden del 15% del PIB, la inversión privada cooperativa sea del orden del 3% del PIB y la inversión pública sea del orden del 5% del PIB.

Se promoverá que la IED anual en tecnologías de punta sea del orden del 1% o 2% del PIB 

La estrategia de inversión en construcción concentrará la capacidad instalada y subutilizada en la edificación, cada año, de 10 nuevas ciudades sostenibles construyendo 20.000.000 de metros cuadrados cubiertos por año. Ciudades neutras en emisión de carbono y con su cinturón verde de seguridad alimentaria, planificadas para 60.000 habitantes con viviendas, servicios y trabajos dignos, con 1.200.000 metros cuadrados cubiertos para viviendas dotadas de paneles solares y molinos para autogeneración eléctrica y 800.000 metros cuadrados cubiertos para administración, servicios públicos, producción, comercio y esparcimiento. Esta política de construcción será la principal fuente de reactivación económica inmediata y de creación de puestos de trabajo. 

En 10 años se construirá 100 nuevas ciudades sostenibles que relocalizarán hacia el interior del país a 6 millones de ciudadanos con grandes mejoras en la calidad de vida, en la seguridad pública, en el equilibrio federal, en la sustentabilidad ecosistémica y en la defensa nacional.

6º Desarrollar la cohesión y paz social con la redistribución de la renta nacional, fijando objetivos numéricos anuales progresivos para 10 años. 

La injusticia social y desperdicio económico de la exclusión de millones de argentinos queda cuantificada en que en la actualidad el 10% más rico de la población recibe una renta nacional de 32,6% del PIB, 20 veces mayor que la renta de 1,6% del PIB percibida por el 10% más pobre. 

Las políticas de empleo, de ingresos, de gasto social y de gasto público procurarán la cohesión y paz social en 10 años, con avances anuales proporcionales aproximadamente iguales.

Supongamos como simulación numérica que el PIB inicial es de 100 unidades monetarias (u.m.). La inversión y distribución de la renta promueven un crecimiento del 4% o 5% anual del PIB. Con una tasa de crecimiento promedio del 4,5% anual, al cabo de 10 años, el PIB en unidades monetarias constantes sería de 155,30 u.m. Es ese crecimiento de 55,3% de la renta nacional real lo que se redistribuirá sin expropiar a nadie y aumentando los ingresos reales de todos los sectores, pero beneficiando a los que menos tienen sin afectar la capacidad de ahorro para la inversión.

La redistribución de un crecimiento promedio de 4,5% del PIB anual permitirá que, en 10 años, el 10% más pobre de la población tenga un incremento de 240% en sus ingresos monetarios reales y que el 10% más rico de la población tenga un incremento de 9,57% en sus ingresos monetarios reales. El múltiplo entre el 10% más pobre y el 10% más rico será de 6,57 con ganancias de renta, bienestar y seguridad para todos. 

7º Planificar la maqueta nacional de infraestructuras para el desarrollo integralmente sostenible en el largo plazo. 

Desarrollar: a) una red ferroviaria de alta velocidad con trazado integrador de la Nación y del MERCOSUR; b) una red nacional de autopistas; c) una matriz energética sostenible con al menos el 66% de la electricidad de fuentes renovables; d) un plan urbanístico – demográfico que descentralice la megalópolis de Buenos Aires, construyendo nuevas ciudades sostenibles en el interior a lo largo de la red ferroviaria; e) nuevo perfil industrial y posindustrial con la especialización productiva de las nuevas ciudades; f) la industria espacial y una red satelital.

8º Políticas de Estado sobre gestión macroeconómica para garantizar los objetivos de desarrollo a 10 años. 

Establecer objetivos de crecimiento anual progresivo hasta alcanzar en 10 años los siguientes porcentajes sobre el PIB: para el gasto público total (40%), para la presión fiscal (37%), para el déficit fiscal primario (3%), para la recaudación fiscal según el tipo de impuesto (15% de impuestos sobre la renta, 10% de aportes a la seguridad social, 10% de IVA, 1% impuesto sobre la propiedad, 1% otros impuestos), y para el endeudamiento público (máximo de 60% del PIB). 

Instaurar un nuevo modelo de gasto social con la Renta Universal de Ciudadanía, financiada con el 20% del PIB (la mitad del gasto público total), para todos los ciudadanos desde el nacimiento hasta su muerte. Un plan de transición permitirá que la Renta Universal de Ciudadanía, con montos diferenciados por escalones de edad, sustituya la totalidad de los actuales planes sociales, subsidios, pensiones y jubilaciones. 

El monto de la Renta Universal financia la reducción de una hora diaria de la jornada de trabajo per capita. Acumulando anualmente la reducción de unas 280 horas de trabajo, el trabajador sumaría casi 7 semanas a sus vacaciones anuales de 15 días, es decir, cada trabajador tendrá en promedio unos 2 meses de vacaciones anuales sin pérdida financiera para el empleador. Pero el empresario querrá tener empleados que permitan la producción de toda la capacidad instalada. Esto permitirá entonces contratar otro trabajador que, con el mismo contrato de 10 meses de trabajo y 2 meses de vacaciones al año, puede cubrir el tiempo de trabajo libre que dejan 5 trabajadores. Esto permite la reducción del desempleo ocupando a 1 desempleado por cada 5 empleados, lo que implica una reducción de la tasa de desempleo en un 16,67%, alcanzando así el pleno empleo.

9º Plena recuperación de la soberanía nacional sobre la navegabilidad y la gestión de los puertos del Río Paraná y Río de La Plata 

El desguace nacional perpetrado por el neoliberalismo incluyó la privatización de la soberanía nacional de la gestión de los puertos por donde transita la mayor parte de las exportaciones nacionales, lo que permitió el escandaloso contrabando oligárquico para la defraudación fiscal en las exportaciones, además de facilitar todo tipo de tráfico ilegal de mercaderías, incluyendo al narcotráfico. Planteamos la recuperación inmediata de la soberanía estatal sobre toda la llamada “hidrovía” haciendo uso de la caducidad de los contratos de privatización y desarrollando la plena capacidad navegable del canal Magdalena para que la entrada y salida al Océano Atlántico se haga íntegramente por aguas argentinas.

10º Desmontar el nuevo neocolonialismo extractivista

La nueva expoliación imperialista de América Latina tiene un capítulo principal en la depredación minera repitiendo el drama padecido con el colonialismo español. El despojo extractivista está agravado en la actualidad por sus consecuencia ecológicas y sociales con la contaminación del agua potable, la fabricación de pequeños terremotos, la destrucción de glaciares andinos, la destrucción del ecosistema marino y la destrucción de los recursos turísticos. 

En el caso de las nuevas tecnologías de explotaciones petrolíferas el problema es doble, porque a las graves consecuencias ambientales y sociales se agrega la insistencia en las energías de combustibles fósiles contaminantes cuando es imprescindible sustituirlas por energías limpias ante la gravedad del calentamiento global y el cambio climático.

11º Desarrollar la estrategia nacional de defensa civil y militar  

Desde que la dictadura genocida decidió “defender al mundo occidental y cristiano de la amenaza comunista” haciéndole la guerra a la OTAN, los Estados Unidos decidieron que ese ejército golpista y represor ya no era confiable y había que desarmarlo. El servicio militar obligatorio del ejército gorila era un uso forzado de los hijos del pueblo para reprimir y derrocar gobiernos de la mayoría del pueblo. Desmantelar el poder militar genocida fue un triunfo de la democracia. Pero no podemos creer ingenuamente que el ejercicio de la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales pueda ser defendido por una Nación desarmada en un mundo que vive en la tercera guerra mundial híbrida.
Frente a las amenazas de catástrofes ambientales no siempre naturales (incendios forestales, inundaciones, terremotos), de pestes fito y zoosanitarias, de pandemias virales y bacterianas, de ciberterrorismo y ataques militares convencionales, híbridos o nucleares, se impone la creación revolucionaria de unas Fuerzas Nacionales de Defensa Civil y Militar de nuevo tipo. Los Estados Mayores de nuestra defensa nacional serán pluridisciplinarios y cívico – militares. La educación y formación técnica de las Fuerzas Nacionales de la Defensa Civil y Militar serán plurisdisciplinarias y cívico – militares. A modo ilustrativo, necesitamos batallones de bomberos forestales incluyendo bomberos de tierra y una fuerza aérea de bomberos antiincendios forestales. Necesitamos batallones de desinfexión masiva de plantaciones ante pestes fitosanitarias que pueden ser provocadas como sabotajes. Precisamos batallones de auxiliares veterinarios contra pestes zoosanitarias que pueden ser sabotajes. Necesitamos batallones de salvataje anti terremotos. Necesitamos batallones de desinfectadores urbanos para garantizar la continuidad económica saludable frente a pandemias. Necesitamos batallones de vigilancia sobre nuestros recursos naturales críticos que pueden ser depredados.

12º Convocar a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Nación para negociar el nuevo Contrato Social 

La consolidación como Políticas de Estado a 10 años de estas propuestas programáticas requiere el consenso de un nuevo Contrato Social. La Refundación de la República Argentina necesita fundamentos sólidos para su Proyecto Nacional de Desarrollo Sustentable a largo plazo, eliminando el riesgo de la desintegración de una guerra social directa y preparando a nuestra Patria para un Nuevo Orden Mundial en ciernes. 

13º Convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución Nacional

La institucionalización del Nuevo Contrato Social deberá concretarse también en una nueva Constitución Nacional. La forma republicana, representativa y federal de las instituciones del poder político del Estado deben ser transformadas en republicana, democrática participativa y federal en todos los poderes del Estado.

La democracia del siglo XXI debe acabar con el monopolio de una clase política que, una vez electa, puede traicionar lo prometido a sus votantes sin consecuencias y puede tomar decisiones de graves consecuencias para la Nación sin consultar al Soberano de la República. Proponemos instaurar la Democracia Participativa y Plebiscitaria, con poder popular para la Revocatoria Plebiscitaria de Mandatos.

Democratización y federalización del Poder Judicial de la Nación. Una justicia independiente exige que nadie pueda ser juez si ha estado afiliado a un partido político o si ha sido  empleado, contratado o abogado defensor de empresas, sindicatos u otras entidades representativas de intereses económicos o sociales o entidades representativas de intereses extranjeros. 

Los jueces federales de todas las instancias, incluidos los de la Corte Suprema, tendrán un mandato no reelegible de 10 años en un mismo tribunal. 

La Corte Suprema de Justicia tendrá una composición federal matizada con representación poblacional; será de 9 miembros propuestos por las regiones Noroeste, Nordeste, Centro, Litoral, Cuyo, Conurbano del Gran Buenos Aires, Interior de la Provincia de Buenos Aires y la Pampa, Ciudad de Buenos Aires y Patagonia, sometidos a la aprobación del Senado. Se renovará un miembro de la Corte cada año, con un año sin renovación.