El interior del país paga la peor parte del ajuste libertario

La brutal reducción del gasto público realizada por el gobierno de Javier Milei no perjudicó a toda la Argentina por igual. Es sabido que el mayor impacto recayó sobre los pobres, los trabajadores y los jubilados. Y que se afectaron, en particular, sectores específicos como el complejo científico-tecnológico, las políticas de derechos humanos, las empresas estatales y los lineamientos que protegían o favorecían a la industria argentina. Pero hubo también un daño diferenciado que no ha sido debidamente destacado: el que se produjo sobre las regiones, provincias y localidades ubicadas fuera de la “zona núcleo”. Es decir, del corredor de grandes urbes entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y el área agrícola circundante. 

¿Por qué, si los recortes fueron a nivel del Estado nacional, el perjuicio sería mayor para el interior del país? Es que gran parte de los programas, organismos y políticas desfinanciados o desarticulados por decisión del Poder Ejecutivo tenían como destinatario privilegiado a las provincias más rezagadas económicamente. En muchos casos, el Estado se hacía presente brindando servicios que el sector privado no provee por no ser rentables, actuando así como mecanismo compensatorio de las desigualdades geográficas estructurales que atraviesan a nuestro país. Se trata de una dimensión específica del ajuste sobre la cual no se ha prestado suficiente atención en los análisis publicados sobre la motosierra de Milei en su primer año de gobierno. 

Deterioro de la vida y la economía en el interior

A continuación, enumeramos ocho planos en los que el ajuste recayó en particular sobre las regiones fuera de la zona núcleo. En algunos casos, los impactos son transversales a todo el país, pero dada la desigual distribución de recursos de todo tipo se perjudicó especialmente al interior de la Argentina. Es probable que estos distintos niveles identificados no agoten el tema y que haya otros perjuicios específicos sobre las provincias que iremos conociendo a medida que se muestren sus consecuencias.  

En primer lugar, se despidieron o desvincularon miles de trabajadores y se clausuraron decenas de delegaciones de organismos nacionales como la ANSES, el PAMI y el Ministerio de Justicia en localidades medianas y pequeñas de nuestro país, en donde prestaban una atención de cercanía facilitando a la ciudadanía el acceso a trámites asociados a jubilaciones, pensiones, cobertura médica para personas mayores, asignación universal por hijo, becas progresar y cuestiones relativas al poder judicial. En este último sentido, cabe destacar el cierre completo de los 81 Centros de Acceso a la Justicia. En muchos de los casos, el final de una oficina en el interior implica para las personas la necesidad de trasladarse a otra ciudad o a la capital provincial para recibir atención, tener que pagar a un gestor para realizar un trámite o directamente dejar de gozar de un derecho. 

En segundo lugar, otro aspecto a destacar es la desconexión postal, aérea, de transporte público e internet. Nos referimos al cierre de delegaciones del Correo Argentino, que implica que pequeñas localidades del interior dejen de tener servicio postal público. Para tener una dimensión del ajuste en el Correo Argentino, de las 1.452 oficinas y 16.800 empleados que había en todo el país, el plan del Gobierno nacional es reducir el plantel a 500 oficinas y 9.500 personas. En cuanto a la conexión aérea, Aerolíneas Argentinas comenzó a cancelar rutas de cabotaje, proyectando nuevos cierres de líneas áreas para este año. Los puentes aéreos, en un país tan extenso como el nuestro, son esenciales tanto para el transporte de pasajeros como de cargas, favoreciendo la actividad turística, las economías regionales y el acceso a la salud y la educación de parte de la ciudadanía. Por otro lado, el encarecimiento del combustible y la eliminación de subsidios al transporte de pasajeros de mediana y larga distancia ha dejado localidades y regiones desconectadas o que han visto reducida la frecuencia de los servicios, afectando la calidad del servicio. Finalmente, en cuanto al acceso a internet, la eliminación del Fondo Fiduciario del Servicio Universal tiene un impacto directo sobre la conectividad de los barrios populares de todo el país, pero también de parajes rurales y localidades pequeñas alejadas de los grandes centros urbanos. La desconexión postal, aérea, de transporte y de internet en un país con la extensión de la Argentina implica un riesgo real de desarticulación nacional al crear vastas regiones sin presencia efectiva del Estado, facilitando una economía de enclave extractivo sin desarrollo local y generando un riesgo real de pérdida de soberanía territorial.    

En tercer lugar, la paralización de la inversión pública afecta profundamente al interior del país. En términos generales, si bien con algunos déficits, es indudable que la zona núcleo de la Argentina tiene un grado mayor de desarrollo en infraestructura, con autopistas que atraviesan la región, ferrocarriles de pasajeros y de carga, obras de conectividad vial y digital, etc. Pero a medida que nos alejamos del centro son mayores las carencias y la precariedad en caminos y conexiones. No se trata solo de la interrupción de las obras de parte del Estado nacional, sino que el corte abrupto del financiamiento tiene un efecto cascada sobre las provincias y los municipios. El gobierno de Milei hizo un recorte del 68% de Transferencias Corrientes Discrecionales a Provincias y un 96% en Transferencias de Capital; fondos que iban mayormente destinados a obras públicas, tareas de mantenimiento e inversiones en infraestructura de distinto tipo, y que a su vez las provincias transferían parcialmente a los municipios para obras locales. Esta enorme reducción de los fondos para las provincias tampoco recayó en todo el país por igual. El promedio de ajuste del gasto de las provincias fue del 20,9%, pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —el distrito por lejos más rico de la Argentina y centro neurálgico de un país macrocéfalo— tuvo una poda de solo 8,3% en términos reales, mientras que en el otro extremo Formosa tuvo que recortar de sus gastos un 39%, La Rioja un 34,1% y San Juan un 30,7%, tres provincias empobrecidas y de frontera (aunque en términos de coparticipación la provincia más perjudicada porcentualmente fue la de Buenos Aires). 

En cuarto lugar, gran parte de los programas nacionales con objetivos de desarrollo federal fueron discontinuados. Emblemáticamente, podemos referir a la paralización de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que con una impronta nacional financiaba distintas líneas de trabajo destinadas al interior de la Argentina, tales como el Programa de Innovación Federal, el Programa de Promoción de la Inclusión Digital y la Igualdad, el Programa para el Desarrollo de la Infraestructura destinada a Promover la Capacidad Emprendedora, el Programa para el Desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica, entre otros. En el mismo sentido, puede mencionarse el freno del programa Permer de la Secretaría de Energía de la Nación, que financiaba la adopción de fuentes de energía renovable en zonas rurales, tales como la solar y la eólica, favoreciendo la electrificación del medio rural en regiones alejadas. 

En quinto lugar, el cientificidio en curso, que pretende la destrucción sistemática y planificada de las capacidades científico-tecnológicas nacionales, también tiene resonancias particulares en el interior del país. Si bien hay una concentración de los organismos de CyT en la zona núcleo, desde hace años se venía recorriendo un sendero que apuntaba a una mayor federalización de la ciencia y la tecnología argentinas. Así, se desarrollaron programas específicos al respecto, se propició la descentralización organizativa, se favoreció la radicación de investigadores en el interior, entre otras iniciativas. El gobierno de Milei al atacar de conjunto al sector científico-tecnológico deshizo estos pasos. Hoy es más difícil para un centro de investigación mantener activas sus líneas de trabajo o retener el personal calificado en el interior del país que en la zona núcleo, donde hay más recursos, universidades más grandes y más posibilidades de obtener financiamiento internacional o de articular con empresas. En el mismo sentido, hay que destacar el cierre de delegaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en localidades del interior, afectando en particular a las PyMEs locales. Asimismo, pueden mencionarse la privatización y extranjerización de la empresa tecnológica estratégica IMPSA, ubicada en la provincia de Mendoza, y recientemente la resolución 10/2025 por la cual se otorgan poderes especiales para el cierre de todos los programas del ex Ministerio de CyT, incluyendo aquellos que alentaban la federalización de la ciencia y la tecnología.

En sexto lugar, la arremetida contra la “otra ruralidad”, la que se desenvuelve fuera de la zona núcleo agroexportadora y de los nodos regionales desarrollados. Se trata de un sector que sufrió el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), organismo descentralizado entre cuyas funciones se encontraba administrar el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, gestionar el Banco de Tierras para la Agricultura Familiar y elaborar, ejecutar y supervisar planes, programas y acciones. En el mismo sentido, hay que agregar la política de achicamiento en personal y activos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el cierre de Cambio Rural —programa de acompañamiento técnico en territorio a la pequeña y mediana producción—, la eliminación del fideicomiso de Recuperación de la Actividad Ovina y el incumplimiento de la Ley Caprina, que permitían el desarrollo de políticas de mejoras de instalaciones, calidad y exportación en diecisiete provincias productoras. 

En séptimo lugar, otro impacto específico sobre las provincias del interior lo constituye, sin dudas, el deterioro en materia de protección ambiental. Nos referimos a desregulaciones sobre la deforestación, los incendios, y las políticas de mitigación del cambio climático, entre otras, así como el abandono en materia de prevención y acción ante desastres, y la reducción del plantel de la Administración de Parques Nacionales. Las zonas boscosas, los parques, reservas naturales y áreas protegidas se ubican mayormente por fuera de la región núcleo del país y es allí donde directamente se sufrirán las consecuencias de estos cambios regresivos. Como ya puede observarse en los grandes incendios forestales de la Patagonia y Corrientes, que dan cuenta del desfinanciamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Finalmente, podemos mencionar el ataque sobre las comunidades indígenas, desconociendo lo estipulado en el art. 75 de nuestra Constitución, que reconoce los derechos de los pueblos preexistentes a la Argentina. Entre las manifestaciones del desprecio por los pueblos originarios, ubicados en su mayoría en el interior del país, puede mencionarse la derogación del decreto que prohibía los desalojos de comunidades indígenas, así como el vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el intento de cierre del organismo. 

Tendencia concentradora del libre mercado

Como hemos visto, al menos en ocho planos el ajuste libertario muestra su peor cara en el interior del país. Por supuesto, a esos impactos específicos, regionales, hay que sumar aquellos que son transversales a toda la Argentina. Todo lo cual redundará en un agravamiento de las tendencias concentradoras que atraviesan a nuestra nación desde su nacimiento. La evidencia histórica indica que el libre mercado tiende siempre a la concentración de capitales… pero también de poblaciones y de riquezas en determinadas regiones. Solo las políticas de Estado en el mundo han logrado contrarrestar, con iniciativas muy concretas, el proceso de concentración urbana y de generación de desigualdades regionales que produce el mercado. Las iniciativas libertarias de destrucción de la administración pública favorecen, en cambio, el creciente despoblamiento del interior de la Argentina, en particular el movimiento de parajes rurales y localidades pequeñas hacia ciudades medianas y grandes urbes. Así pues, el perjuicio de la desregulación total en favor del mercado —léase, de los capitales e intereses concentrados y mayormente extranjeros— recaerá en los sectores más vulnerables (excluidos, trabajadores, jubilados), pero también especialmente en el interior del país, lo que representa un riesgo real para la integridad territorial de nuestra patria. 

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