Talleres Clandestinos: reflexiones e ideas para el abordaje de esta problemática

Por Leonardo Farias. Foto Luis Viale. 

Durante este año, dos incendios en talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires, han dejado al descubierto ante los ojos de la opinión pública, por la repercusión mediática, el grado de precariedad en materia de condiciones laborales en el sector textil. Uno de los hechos se ha cobrado la vida de dos niños. Este último ocurrió el 27 de abril en Paez y Terrada (barrio de Flores), y el otro, en Yerbal y Emilio Lamarca (barrio de Floresta).

Pero esta problemática no es nueva. Data de décadas y es en los años 90 cuando la tercerización de las grande marcas y la precarización del rubro, debido a la flexibilización laboral, toma su pico máximo. A partir de 2003, con una economía en permanente crecimiento, la producción y comercialización de la industria crece exponencialmente. Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre 2003 y 2012 la producción aumentó un 50 por ciento. Debido a esto y a la desatención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para con esta problemática en la Ciudad, proliferaron los talleres clandestinos y la Trata Laboral. Podríamos decir aun más: a la esposa del ingeniero Mauricio Macri, Juliana Awada, se la vincula con este flagelo a través de la marca que lleva su apellido de soltera. Así las cosas, y citando el artículo del suplemento Cash de Página 12 del 7 de junio de 2015, podemos decir que muchas marcas tercerizan toda o gran parte de su producción de manera clandestina y luego ingresan el producto terminado a su planta, encubriendo la operación y evadiendo de este modo las responsabilidades patronales.

En la Comuna 10

La comuna 10 está “a la vanguardia” de esta problemática. Los talleres clandestinos y la explotación laboral se encuentran mayoritariamente en los barrios de Floresta y Vélez Sarsfield. El entorno de la Av. Avellaneda es la zona más caliente por su cercanía a los comercios de esta avenida. Si bien ésta siempre fue una zona comercial, desde hace un tiempo ya, su expansión alerta a los vecinos: su avanzada hacia Floresta Norte es un hecho difícil de frenar. En cuanto al tránsito, semáforos y señalizaciones no logran ordenarlo. Los numerosos ómnibus provenientes de todo el país llegan a la zona congestionadísima y se ven obligados a estacionar incluso a más de 15 cuadras del área comercial. De hecho, el Gobierno de la Ciudad estuvo a punto de permitir hacer una terminal de micros comerciales en el denominado Corralón de Floresta (sobre la Av. Gaona), lugar éste que está destinado a un espacio verde. Esta intentona fue denunciada por diferentes organizaciones políticas, medios barriales y nacionales, y gracias a esto no prosperó. Pero la alerta es permanente.

El Programa del INTI

Por otra parte, el INTI dispone de un Programa de Certificación para el sector de indumentaria denominado Compromiso Social Compartido. Este programa tiene como objetivo promover y certificar, de manera independiente, el cumplimiento de los requisitos definidos por INTI para las empresas de indumentaria, demostrando que las actividades que se desarrollan en este ámbito, se realizan bajo condiciones humanas, éticas, legales, en condiciones seguras y saludables para los trabajadores y cuidando el medioambiente. Este programa es voluntario. Si bien el Instituto promueve activamente el Programa, y como es de esperarse, es casi nula la adhesión de empresas textiles al programa. Vale preguntarse por qué esta norma no promueve voluntarios para tener el sello de calidad. Pues bien, la empresa, entre otras cosas, debería dar cuentas de la calidad y condiciones de su producción. 

Un proyecto de Ley

Ante la proliferación de talleres textiles clandestinos, y dada la inexistencia de políticas activas de la Ciudad en el tema, es interesante pensar en la posibilidad de que la Ciudad pueda tener una legislación que tenga este sello de calidad como requisito obligatorio para poder producir.

Un proyecto de ley tal, debería instar a la adhesión al programa de certificación que lleva adelante el INTI, más la detección de los talleres ilegales y el incentivo a regularizar los mecanismos de cómo y dónde producen las marcas sus productos. Por lo demás, esta propuesta no es la “solución” a la problemática de la explotación laboral, pero sí un paso adelante para allanar el camino hacia la protección de los derechos de los trabajadores. Un paso que hay que dar.

Proyectar polos productivos

Pero tender a la erradicción de los talleres no es el único paso. ¿Qué ocurre con los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en esas condiciones cuando un taller de éstos se “desarma” por la intervención de los órganos de gobierno que tienen la autoridad para hacerlo? El siguiente paso, hay que buscarlo en los ejemplos que nos da la economía social.

La economía social se ha fortalecido en la Argentina, entre otras cosas, a través de los Polos Productivos que se distribuyen en todo el territorio nacional, que brindan trabajo a un millón y medio de argentinos que recuperaron la autoestima y que a través de su trabajo fortalecen el desarrollo de las distintas localidades y regiones de la Argentina.

Por caso, el 4 de diciembre de 2007, se inauguró el Polo Textil de Barracas donde trabajan alrededor de 200 costureros que decidieron realizar su oficio de forma cooperativa luego de que los talleres ilegales en que eran explotados se clausuraran. Este ejemplo contrasta gravemente con la situación en las zonas antes mencionadas de Ciudad de Buenos Aires

El emprendimiento de Barracas contó con la colaboración del Jefe de Gobierno de la Ciudad de ese entonces , Jorge Telerman, junto al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Ing. Enrique Martínez, y el Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. El polo funciona como un centro para el desarrollo de la industria de la confección textil y la capacitación de trabajadores provenientes de empresas informales o clausuradas por sus condiciones de funcionamiento.

Está claro que no hablamos de imposibilidad de acción, sino de falta de voluntad política para abordar una problemática que se extiende sin control. A nivel comunal, tenemos la responsabilidad de hacerlo, de insistir, de proponer políticas concretas para garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en igualdad de oportunidades y en condiciones dignas. A nivel nacional, contamos así con el Ministerio Público Fiscal que, a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), ha elaborado una base desde 2008, con datos de investigaciones preliminares, procesamientos y sentencias en causas sobre trata de personas, y que destaca la necesidad de una labor conjunta entre el Estado y actores de la sociedad civil.

La tarea es imperiosa, porque la trata y explotación de personas con fines laborales no nos es ajena y, en un mundo que hoy por hoy está signado por una indecible “crisis migratoria”, es preciso dar los pasos urgentes que reclama tal situación. Comencemos por casa.

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