“Es un atropello a los trabajadores, a las políticas de DDHH y los juicios de lesa humanidad”

Por Juan Ciucci

APU: ¿Qué sucedió en el Programa Verdad y Justicia?

Cecilia Dinius: En el día de ayer llegan cuatro compañeros en su horario habitual, quieren ingresar con su clave a las computadoras, y les salía el acceso denegado. Luego de unas gestiones que realizamos terminamos en la oficina de recursos humanos, donde confirmaron cara a cara el despido de dos compañeros. A ellos se le suman dos compañeras, y hoy al llegar al Programa nos enteramos que hay una compañera despedida más. Es decir, que en total, ya van cinco compañeros; en el caso de la compañera de hoy le notificaron por carta documento. Es una situación que nada tiene que ver con lo que viene diciendo el macrismo, con esto de los “ñoquis”, son todos trabajadores que cumplen cotidianamente con su trabajo, que tienen funciones específicas, que son profesionales. Con lo cual es un atropello no sólo a los trabajadores sino a las políticas de defensa de los derechos humanos y los juicios de lesa humanidad, a lo cual este Programa se aboca particularmente.

APU: ¿Cuál es la labor específica del Programa?

CD: El Programa tiene como objetivo el asesoramiento en materia de juicios de lesa humanidad al Ministro, depende de Germán Garavano como antes de Alak (Julio). En ese marco tiene tres equipos. Uno de seguimiento de las causas de lesa humanidad, no solo en CABA sino que trabajamos en todo el país. En muchos lugares no se cuenta con los recursos que tenemos en CABA; entonces cumplimos un rol muy importante en el asesoramiento también de las querellas y las fiscalías. Otro equipo es el de investigación, que realiza informes sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos. Recientemente, en conjunto con FLACSO, CELS y la Secretaría de DDHH elaboramos un informe sobre la responsabilidad empresarial durante la última dictadura militar. Y el área de Implementación Operativa, donde elaboramos informes de riesgo trabajando con los testigos en las causas de lesa humanidad. Es importante remarcar que se crea a partir de la desaparición de Jorge Julio López, como una medida preventiva del Estado para tratar de garantizar el normal desarrollo de los juicios.

APU: ¿Cómo afectan estos despidos al Programa, además de lo que implica para los trabajadores y sus familias?

CD: Actualmente somos 53 compañeros, que nos encontramos muy afectados por esta situación, en especial porque el Ministro Garavano ha mantenido reuniones con los distintos sindicatos y se ha comprometido a no hacer ningún despido, algo que no está pasando. Por lo cual, estamos en un estado de alerta y movilización, hemos sacado comunicados para poder encontrar en todos solidaridad. Porque no es sólo un ataque a los puestos de trabajo sino también a la función que viene cumpliendo el Programa, en el marco de los juicios de lesa humanidad, de los que quedan muchísimos por trabajar.