Primer empleo: sólo con magia

Por Juan Ottaviano*

El Plan de Primer Empleo es el proyecto más esperado por Mauricio Macri, acelerado irresponsablemente durante el debate parlamentario sobre la prohibición de despidos y anunciada para condicionar la movilización realizada por todas las centrales sindicales. Si hoy se le preguntara al Jefe de Gabinete o al Ministro de Trabajo cuánto le puede costar al Estado la reducción de las contribuciones que se proponen, no sabría qué contestar. La estimación de costos no fue realizada porque no importa. El verdadero interés está en transferir fondos de la seguridad social hacia el sector empresario, sin efectos comprobables en la contratación laboral.  

El proyecto es un remozo de otro presentado por el propio Jorge Triaca (h) cuando era diputado. Aquél, de solamente dos artículos, proponía bajar a la mitad todas las contribuciones patronales de todo empleo nuevo para jóvenes y mayores de 50 años. Sin la más mínima estimación de costos a disposición ni mecanismos legales que impidieran avivadas de ocasión, los equipos técnicos de la cartera laboral trataron de convertir la transferencia de ingresos hacia las grandes empresas en algún proyecto más presentable. No hicieron a tiempo. Ya sea porque esencialmente el núcleo de la medida no tiene otra finalidad, y requiere de un andamiaje complejo de excepciones, límites y precisiones que desvirtuarían el objetivo, o porque en el gobierno están ciegamente convencidos que la reducción de "costos" para las empresas -con la destrucción del sistema de seguridad social a cuestas- es la única manera de promover la contratación, el proyecto será enviado al congreso contra todo pronóstico.

La OIT viene desaconsejando este tipo de políticas por ineficientes e incluso por precarizantes. En un informe titulado ¿Qué sabemos sobre los programas y políticas de primer empleo en América Latina? afirma que este tipo de iniciativas puede llegar a influir mínimamente en el empleo, que depende mayormente de otros factores, al mismo tiempo que pondera programas de capacitación para jóvenes como el implementado por el Ministerio de Trabajo desde 2008.

La falta de inventiva alarma. Estas herramientas probaron su fracaso hace más de veinte años. También se da de bruces incluso con los propios principios liberales. Es la fantasía liberal más repetida: la reducción de costos laborales permite la creación de empleo. Suponer que un empresario que no se encuentra dispuesto a invertir -o no puede hacerlo- destinará ese haber generado por reducción de las contribuciones en la contratación de nuevos trabajadores, es igual a suponer que Adam Smith estaba completamente equivocado, en todo.

En un contexto de recesión, en vías de estanflación, con apertura de las importaciones, reducción o eliminación de las retenciones a los cereales, suba de tasas de interés, despidos masivos en el estado y en el sector privado, la reducción de las contribuciones para la generación de empleo más que una fantasía es un Engaño de Estado. La única consecuencia posible es la transferencia directa de ingresos productivos antes destinados al pago de contingencias hacia el capital concentrado, y sólo de existir algún nivel de expansión económica. El proyecto,  además,  prevé subsidios directos a los empleadores. Como si la reducción de las contribuciones fuera poco, y para que quede claro, el estado además pondría en el bolsillo del empresario un porcentaje similar al que el empresario ya se exime de pagar con la reducción de las contribuciones.        

Hace nada más que dos años el gobierno anterior promovió y logró sancionar una ley que implica la reducción de contribuciones, escalonadamente, para las pequeñas (pequeñas en serio) empresas que contrataran nuevos trabajadores. Aunque cuenta con mecanismos que impiden la rotación laboral, y vino acompañada de la creación de un registro de empleadores sancionados por incumplir la normativa laboral, algún trasnochado podría suponer que se le parece a la ley propuesta por el actual gobierno. Nada más alejado de la realidad. La ley 26.940 está destinada a un segmento determinado del mercado (las pequeñas y pequeñísimas empresas) con dificultades probadas para la registración laboral. El Plan de Primer Empleo es diametralmente distinto: tiene como sujeto beneficiario a cualquier empresa que contrate a trabajadores con un determinado perfil de aportes y edades. Es decir que, de ser utilizado, será mejor aprovechado por las grandes empresas tomadoras de trabajo joven, temporal y precario, que por las empresas con dificultades para la generación de nuevos puestos de trabajo, y con mayores obstáculos para la registración.   

Sobre la base de un diagnóstico equivocado, que supone que el problema del empleo reside en los altos costos, y en especial en los jóvenes, se elige abaratar costos para la contratación de jóvenes. La premisa base de la que se deriva toda la propuesta: el empleo es caro, los jóvenes aun más. El Plan de Primer empleo implicaría el debilitamiento de la seguridad social, la que paga jubilaciones pensiones y otras contingencias laborales. No es otra cosa que los efectos ya observados durante la década del 90 con el mismo mecanismo de reducción de contribuciones. Cómo se compatibiliza el prometido pago de la movilidad jubilatoria con esta medida, sí será fruto de la magia y de la fantasía neoliberal.

*Abogado laboralista de la Usina de Estudios Políticos Laborales y Sociales (UEPLaS)