Acuerdo por la deuda: una victoria del Gobierno para relanzar la economía

Por Juan Pablo Costa*

Luego de muchos meses de arduas negociaciones, el Gobierno logró un acuerdo con la casi totalidad de los acreedores externos privados para la reestructuración de la deuda contraída por la gestión neoliberal de Cambiemos. ¿Cuáles son los impactos del acuerdo y qué perspectivas abre para el país?

Apenas asumido el Gobierno encabezado por Alberto Fernández se encontró ante el desafío de encauzar una negociación para reestructurar un pasivo con acreedores privados de nada menos que 67 mil millones de dólares heredado, en su gran mayoría, del gobierno de Mauricio Macri. En el comienzo de las negociaciones encabezada por Martín Guzmán, los bonistas pretendían una quita no superior a 8 dólares de cada 100, medidos en Valor Presente Neto. Es decir que exigían el pago de 92 dólares cada 100, propuesta que luego fue reducida durante febrero a 75 dólares. Más tarde, en abril, las puntas negociadoras se acercaron aunque aún se mantenían lejos del acuerdo, cuando el Gobierno ofreció 40 dólares y los bonistas reclamaron 65. Ya en la última etapa la Argentina ofreció 53 dólares con la intención de acercar posiciones y, tras las últimas negociaciones, se cerró el acuerdo en casi 55 dólares de cada 100.  

De aquí se derivan varias conclusiones. Primero que lógicamente ambas parten cedieron en sus pretensiones originales, lo cual es la base de cualquier proceso negociador. Pero la dinámica expuesta muestra las diferencias entre las propuestas originales y el acuerdo finalmente alcanzado. Mientras los acreedores redujeron sus pretensiones en un 37 dólares, la Argentina subió su oferta en 15 dólares. Es decir que el número final del acuerdo está más cerca de la propuesta original que realizó el Gobierno que de las primeras exigencias de los acreedores.

Además, este acuerdo trae alivio a una economía que transita por un período de fuerte paralización por la pandemia mundial. Así, permite descomprimir la demanda de dólares, llevando alivio tanto a las reservas del Banco Central, como a la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos. También induce a una desaceleración de la inflación y a una baja de las tasas de interés, factores clave a la hora de pensar en una recuperación económica postpandemia.

Uno de los grandes aciertos del Gobierno en la negociación fue la negativa a la demanda de los acreedores de incorporar a la mesa de negociación un “programa de gobierno”. Sintéticamente, la pretensión de los fondos acreedores era que la Argentina se sentara a acordar los principales puntos de política económica para garantizar los pagos de los servicios de deuda, lo que equivale en la práctica a una cesión de soberanía. De esta forma, la Argentina evitó someterse a las condicionalidades tan recurrentes en estas negociaciones, cuando se subordinan los acuerdos a la aceptación de la parte deudora de políticas de ajuste (“reducción de déficit”) y diversas reformas que, en realidad, no hacen más que deteriorar la actividad interna, complicando incluso las posibilidades futuras de repago de esa deuda.

Otro de los puntos salientes del acuerdo firmado es que el Gobierno Nacional logra despejar el calendario de pago de servicios de deuda para los próximos años. Si originalmente la Argentina tenía, entre 2020 y 2024, compromisos por más de 63 mil millones de dólares, con la reestructuración lograda, esos compromisos se reducen a poco más de 7 mil millones. Esto es muy importante porque le da aire a un presupuesto agobiado por la carga de los servicios de deuda, que durante 2019 explicaron más del 20% del gasto total.

Por eso, este aspecto es clave ya que libera enormes recursos fiscales para ponerlos al servicio de programas de recuperación productiva, de generación de empleo y desarrollo regional. También para fortalecer el sistema previsional y los programas de transferencias directas a los sectores más vulnerables como el IFE, AUH y Alimentar, lo cual, además, dinamiza el consumo y el mercado interno. Esto implica nada menos que una mejora en los grados de libertad del Gobierno a la hora de planificar sus políticas públicas y sus estrategias de desarrollo, que no es poco.

Sin embargo, este acuerdo que indudablemente es una victoria política del Gobierno Nacional, no elimina per sé el problema de la deuda, sino que es el primer round de una batalla de más largo aliento. El siguiente desafío es la negociación con el Fondo Monetario por la deuda de 44 mil millones de dólares que contrajo el país para financiar la fallida campaña presidencial de Mauricio Macri. El Fondo accedió a otorgar una línea de financiación récord (el préstamo más importante de toda su historia) violando su propia normativa interna que le impide realizar desembolsos a aquellos países que destinan sus reservas para financiar la fuga de capitales, como fue el caso de la Argentina. También aceptó adelantar todos los desembolsos al año 2019, jugando abiertamente en la campaña electoral sin siquiera hacer el intento de mantener las apariencias de imparcialidad e institucionalidad.

En la negociación con los acreedores privados, el Fondo respaldó la postura argentina. Pero no se trató de una súbita empatía por el país. Tampoco fue producto del recambio de su directorio con la salida de Lagarde y la entrada de Georgieva. El Fondo cuidó sus intereses al apostar por un acuerdo beneficioso para la Argentina, que le permita tener la holgura necesaria en sus flujos financieros para hacer frente a la deuda con el organismo. El Fondo Monetario internacional es un duro negociador, vaya si lo sabremos los argentinos y las argentinas. Luego de una importante victoria, el Gobierno Nacional se apresta a dar una nueva batalla.

*Investigador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)