Fiscales reclaman que sentencia de juicio de lesa sea publicada por La Nueva Provincia

Por Diego Kenis

El miércoles 2 de septiembre, mientras en la Argentina se evocaba el duodécimo aniversario de la promulgación de la ley que dejó atrás el corpus de las llamadas Obediencia Debida y Punto Final, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia finalizaron su alegato en el juicio por delitos de lesa humanidad que encuentra en el banquillo a miembros retirados de la Armada, el Ejército, la Policía Bonaerense, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario, para quienes solicitaron penas de entre una década de reclusión y la prisión perpetua. Así comenzó a finalizar una impunidad de la que gozaron los represores enjuiciados por siete largos lustros.

Un día antes, el martes 1, se cumplieron dos años del histórico editorial donde el diario O’ Globo, cabeza del grupo comunicacional más importante de Brasil, reconoció haber acompañado la prolongada y atroz dictadura brasileña. O’ Globo escribió sus disculpas ante el creciente descrédito lector y con la tranquilidad de quien se sabe impune, porque la Justicia no ha avanzado, y, en falsa dicotomía, con mucha dificultad se logró establecer una Comisión encargada de buscar la verdad de lo ocurrido.

En Argentina, donde ya hay más de medio millar de represores condenados, los diarios colaboracionistas o directamente partícipes vienen gambeteando una autocrítica y, en casos como La Nación o La Nueva Provincia, se permiten cuestionar a los juicios o sugerir inequidades o parcialidades nunca verificadas. Se trata de un negacionismo barato y rancio, que no impide el acceso actual a la verdad aunque sí dificulta su difusión.

Propia tropa

El diario dirigido por Vicente Massot, cuya redacción se ubica a tres cuadras y media de la sede que los juicios tienen desde 2011, sólo ha informado sus desarrollos a través del copypast de cables de agencias de noticias a los que se permite cambiar la redacción. De “dictadura cívico militar” a “último gobierno militar”, borronean sus redactores, que llaman al ex senador Eduardo Duhalde “presidente de facto”.

El desinterés por informar no provino de la carencia de noticias que pudieran interesar a su “propia tropa”, como los llamó en algún momento el general José Caridi: si el primer juicio concluyó con una sentencia que consideraba probada una “campaña de desinformación y propaganda negra” del diario para sostener el proyecto genocida, el tercer debate encuentra a Massot en una situación procesal por demás complicada. El empresario está acusado por aquellas operaciones psicológicas denunciadas por el propio Tribunal en 2012 y por los secuestros y homicidios de los gremialistas gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, cuyos casos se ventilan en el juicio que está por concluir ante los imputados uniformados de esos hechos.

Los dos referentes habían sido en 1975 caras visibles de las reivindicaciones sectoriales contra la patronal. La semana pasada, los fiscales Palazzani y Nebbia expusieron una decena de actas notariales que durante todo ese año y hasta entrado 1976 documentaban el trato fluido y constante de Massot con los delegados luego asesinados y nutrían los informes de inteligencia de Prefectura que los catalogaban como cabecillas de una “guerrilla sindical” y aconsejaban ralearlos. Los documentos echan por tierra las coartadas esgrimidas por Massot, que en sus declaraciones indagatorias manifestó no haber estado en la época en Bahía Blanca ni integrado entonces el núcleo directivo del diario, como así también no haber tenido participación en el conflicto sindical ni haberse cruzado con Heinrich y Loyola más que en un par de excepcionales oportunidades. Todo es mentira: estuvo en Bahía Blanca, era ya socio de su madre Diana Julio, fue apoderado por ella para intervenir en el conflicto gremial y cumplió al pie de la letra con el mandato materno.

Heinrich y Loyola fueron secuestrados el último día de junio de 1976. Descubiertos sus cuerpos, en el agosto siguiente, La Nueva Provincia informó que “son investigados dos homicidios” y por treinta y ocho años no volvió a mencionar a sus víctimas, obreros de sus talleres gráficos hasta sus secuestros, ni a la mencionada investigación de sus crímenes. Sólo volvería a nombrarlos en 2013, cuando su director fue imputado por los delitos, y el diario prefirió decir que todo era un invento de un par de fiscales parciales, Página/12 y esta Agencia. En este presente, sí, en efecto, están siendo investigados los dos homicidios.

Derecho a réplica colectivo

Como forma de “reparación completa a la biografía de las víctimas”, paso ineludible en la “reconstrucción de la memoria y la historia”, garantía del “derecho de la sociedad a informarse verazmente” y del de la posteridad de contar con material válido de archivo histórico, los fiscales Palazzani y Nebbia solicitaron, en el cierre de su alegato, que los jueces favorezcan el ejercicio del “legítimo ejercicio de un tardío pero más que justo y necesario derecho a réplica” previsto en el décimo cuarto artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos y, en ese sentido, dispongan que “la parte resolutiva de la sentencia que recaiga en este juicio se publique en el diario La Nueva Provincia y en un lugar destacado y visible para que la sociedad bahiense se pueda enterar” de aquello que hasta ahora se le niega desde el más influyente medio de comunicación regional.

“En la ponderación entre el derecho del diario a publicar lo que le venga en gana y el derecho a la reparación biográfica de las personas que fueron victimizadas y difamadas en esas páginas, entre el derecho del diario y el derecho de la sociedad a informarse verazmente y, en definitiva, entre el derecho del diario y el derecho a la verdad acerca de graves violaciones a los derechos humanos, se debe priorizar siempre este último”, puntualizaron los representantes del Ministerio Público.

“No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino”, enfatizó Palazzani ante los jueces del Tribunal. “La única posibilidad de conocer la verdadera versión de los hechos en esta ciudad, una versión probada, rigurosa, indubitable, son estas sentencias”, subrayó ante los jueces que en su veredicto de 2012 consideraron comprobadas las prácticas de desinformación del medio, en consonancia con las reglamentaciones secretas castrenses para operaciones psicológicas. Si el Tribunal accede a la solicitud de los fiscales, el diario al que todavía rinden pleitesía y diversas formas de tributo miembros de las clases política y académica bahienses “por primera vez publicará la verdad acerca de lo que sucedió”.