La Pampa: reduccionismo histórico en el Día de los Derechos Humanos

Por Raquel Barabaschi

Con muchísimo asombro, leí en un medio que la Cámara de Diputados provincial aprobó por “unanimidad” el proyecto de ley presentado por el diputado Darío Hernández (Frente Renovador, foto 2), a través del cual se instituye el “Día de los Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa” el 14 de julio, en conmemoración de los hechos acontecidos en la localidad pampeana de Jacinto Aráuz, cuando el pueblo fue copado por las Fuerzas conjuntas, militares y policiales.

Sin dejar de reconocer ese hecho histórico como parte de la más oscura y trágica represión de la última dictadura, no me parece pertinente, y repudio la decisión del diputado como así el acompañamiento de los demás bloques.

El Día de los Derechos Humanos está instituido el 10 de diciembre, en conmemoración a que en ese día del año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la cual nuestro país adhiere. La universalidad de los mismos nos exime de cualquier otro reconocimiento y nos iguala en la lucha y el dolor.

Si aceptamos sumisamente que se estipule una fecha distinta para nuestra provincia, se hace un reduccionismo histórico, poniendo por encima de todos los hechos de violación a los Derechos Humanos uno en particular, que a lo único que contribuirá es a diluir la verdad histórica.

Debemos preguntarnos entonces si lo que se pretende es categorizar a partir de la espectacularidad, o si por el contrario existe la velada pretensión de echar un manto de olvido sobre otras situaciones similares.

Se argumenta la presencia inusual de carros de asalto y la denuncia de ciudadanos acerca de “reuniones de carácter subversivo”, motivos por los cuales fueron detenidos   profesores y directivos del Instituto José Ingenieros, “algunos de los cuales permanecen desaparecidos”.

Es una brutal desinformación aseverar esta circunstancia, ya que -por suerte- de ese grupo de victimas no hubo ningún desaparecido.

Al respecto, debo recordarles que no dista en nada de lo ocurrido en General Pico, donde fue fortísima la presencia militar, desde muchísimo antes del golpe, y donde las denuncias contra directivos, profesores y estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional, partieron concretamente del poder político encabezado por el entones diputado nacional del PJ Carlos Aragonés y sus acólitos de las 62 Organizaciones peronistas, a la postre responsable directo del armado de los sucesivos gobiernos provinciales.

Sobre estos hechos hay en la Justicia una causa penal, la 246/06, en la que dieron testimonio múltiples testigos y víctimas, y  en la que se aportó documentación  donde se nos tildaba de “ZURDOS”, TRAPOS ROJOS, Y PERTENECIENTES A LA CUARTA  INTERNACIONAL. Por  estas denuncias, no sólo fuimos presos y torturados después del 24 de marzo, sino que ya en marzo de 1975 nuestro decano Carlos Gregorio Agaya fue secuestrado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y un poco más tarde varios compañeros trabajadores de la Salud, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de La Pampa, en plena vigencia del gobierno democrático, corrieron igual suerte.

Este proyecto de Ley es discriminatorio respecto a las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Cómo se puede ser tan necio de cualificar y cuantificar el dolor? ¿Quién puede dar testimonio acerca de cuánto y cómo padeció la vejación, tortura y secuestro la  jovencísima maestra Zulema Arizu en Árbol Solo?  

Cuánto y cómo sintió perder su integridad y casi su vida mi compañera Estela cuando  en su secuestro cinco de los integrantes de “La Patota” la violaron en la  negritud de la noche, con sus manos esposadas a su espalda para dejarla tirada en un descampado hasta pasar a recogerla de  madrugada y trasladarla a la Seccional Primera.

Qué les pasó y qué sintieron las víctimas de Rancul, Santa Isabel, Macachín, Realicó, Alvear, Santa Rosa, General Pico, Guatraché, Victorica y tantos otros.

Plantear un hecho puntual para la conmemoración general me remite a los planteos de Darío Lopérfido, en su pretensión de morigerar y desvirtuar la realidad en este campo.

La mejor manera de honrar la defensa de los Derechos Humanos por parte de los señores legisladores, es estar a la altura siempre y en todas las ocasiones en los que los mismos están siendo vulnerados, lo que ha recrudecido en los últimos meses por parte del gobierno provincial: ataque con balas  de goma a los vecinos del Meridiano V, detención de Madres con sus bebés, detención de la compañera periodista Cintia Alcaraz en circunstancias de estar ejerciendo su derecho, intento de detención de un niño “por jugar  al ring raje”, abuso de autoridad contra niños, niñas y adolescentes con requisas indiscriminadas e intimidatorias, ocultamiento de información a periodistas, detención ilegal de Ramiro en General Pico.

Para tomar esta iniciativa entiendo que lo más saludable hubiera sido efectuar una consulta a las organizaciones de Derechos Humanos, las víctimas y los actores  relacionados e involucrados permanentemente en este tema  en nuestra provincia.

Espero que esta decisión inconsulta, sea revocada y que se respete y preserve la Memoria y Verdad Histórica por encima de cualquier otro interés.