Legalizar la impunidad de Tierno es como regresar a la ley de la selva

Por Juan Carlos Martínez (*)

La decisión de la Sala Acusadora de la Legislatura provincial de no avanzar en el juicio político al ministro Juan Carlos Tierno constituye un pésimo antecedente institucional, tan grave que hasta puede decirse que el gobierno a través de sus legisladores acaba de encontrar la manera de continuar protegiendo a un golpeador y torturador de mujeres, al funcionario que dio la orden de aplicar por primera vez en esta provincia la pena de muerte de oficio.

El historial delictivo del burócrata que asumió con una condena de dos años por abuso de autoridad y que a poco andar alentó a la policía a aplicar mano dura repitiendo la metodología de su gestión anterior -esta vez agregando un asesinato- es todo un ejemplo de irracionalidad política, jurídica y humana.

El primer responsable político es el gobernador Carlos Verna, doblemente responsable porque fue él mismo quien en 2006 debió expulsar a Tierno de las mismas funciones por la ola de apremios ilegales que se cometían en las comisarías.

El regreso de Tierno al gabinete de Verna y su permanencia en el cargo después del asesinato de Santiago Garialdi sólo puede entenderse por la existencia de compromisos que superan los acuerdos políticos y se confunden con esos pactos de corte mafioso que contaminan la vida política y erosionan el estado de derecho.

No es un exceso verbal hablar de mafias. Suficiente con repasar la historia política de sus principales actores -Verna, Rubén Marín y Tierno- para encontrar sólidos e incontrastables antecedentes que ubican a los nombrados transitando por los bordes de la ilegalidad.

Lean ustedes algunos dichos de Tierno en los que involucra a sus dos principales protectores luego de haber sido despedido de sus funciones como intendente de la capital pampeana y saquen sus propias conclusiones.

“Marín y Verna van por separado, pero se unieron para realizar un golpe institucional en Santa Rosa. Verna instigó mi destitución y después me proscribió. Me acusaron de nazi y me aplicaron esos mismos métodos” (El Diario, mayo de 2009).

Sin embargo, Marín y Verna han sido, desde 1984 a la fecha, los principales protectores de la impunidad de Tierno desde que el irrefrenable psicópata golpeó y torturó a una joven que debió ser hospitalizada con gravísimas lesiones y quemaduras de cigarrillo en sus pezones.

Tierno era el asesor letrado del primer gobierno post dictadura encabezado por Marín, en tanto Verna era ministro de Obras Públicas.

El grave incidente ocurrido en noviembre de 1984 tomó estado público y obligó al bloque opositor a pedir que se investigara lo que calificó como “un hecho criminoso del que fue su autor un alto funcionario del gobierno provincial” (Número de registro 4.931, 18 de julio de 1985).

El nombre de Tierno no figuró en el pedido de informes del radicalismo, cuyos legisladores se quedaron a mitad de camino, pero la revelación del autor de semejante brutalidad la dio el diario La Arena y a partir de entonces el gobierno puso en marcha un rápido operativo para proteger al agresor.

Con la desaparición de pruebas reunidas tanto en el sanatorio Santa Rosa como en dependencias policiales dio comienzo al inacabable ciclo de impunidad que le ha permitido a Tierno cometer múltiples delitos de los que ha zafado del corto brazo de la Justicia.

Tierno acumula en su frondoso prontuario repetidos hechos de violencia de género, enriquecimiento ilícito, apropiación de un campo propiedad de un chacarero endeudado con el Banco de La Pampa, autor de repetidos actos de censura, persecución y juicios penales y civiles contra periodistas, la aplicación de apremios ilegales por parte de la policía bajo sus órdenes, una condena incumplida por abuso de autoridad a lo que se suman los graves y reiterados hechos ocurridos a partir de su segundo ingreso al gabinete de Verna entre los que se incluyen la salvaje represión a vecinos de las localidades bonaerenses de Villa Sauze y Sansinena y el reciente asesinato de Santiago Garialdi (39), fusilado en una emboscada policial mientras viajaba por una calle rural cazando liebres.

El policía que disparó su arma reglamentaria cumplió al pie de la letra con la orden del ministro, cuya grabación circula profusamente por las redes sociales: “el primer tiro, al aire, el segundo, a la cabina”.

La cabina fue el eufemismo usado por el ministro, pero los policías sabían que disparar a la cabina era hacer blanco en las personas que viajan en ella.

Dicho de un modo más claro, con el segundo tiro el ministro Tierno aplicó de oficio la pena de muerte.

El bochornoso comportamiento de los diputados de la Sala Acusadora que votaron a favor de la impunidad de Tierno está en sintonía con las políticas aplicadas por el justicialismo desde la recuperación del sistema democrático hasta nuestros días.

Las directivas de Verna a los diputados constituyen una suerte de obediencia debida, una clara irreverencia a la división de poderes pergeñada para proteger a un consuetudinario irreverente de la ley, responsable de una cadena de delitos que en un país serio terminarían con su autor entre rejas.

Con la legalización de la crónica impunidad que protege a Tierno, La Pampa se coloca en los umbrales de la ley de la selva.

(*) Periodista y escritor, autor de El golpeador. Violencia de género, corrupción política e impunidad (2013), una investigación periodística sobre Juan Carlos Tierno. Artículo publicado en Radio Kermés, de Santa Rosa, La Pampa. Foto: El Diario de La Pampa.