La seguridad es un asunto militar: el narcotráfico como excusa

Por Norberto Emmerich – IESAC, Ciudad Juárez, México

El anterior gobierno de Cristina Kirchner ya había dado tibios pasos que permitieran una paulatina intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. El propio Sergio Berni, entonces secretario-ministro de Seguridad, era militar y las Fuerzas Armadas participaban en algunas tareas subsidiarias en la protección en la frontera norte. El kirchnerismo no tenía reparos ideológicos frente a esta participación, pero sí un alto grado de prudencia política.

Adicionalmente la centralidad del narcotráfico en la agenda de seguridad es resultado de un largo proceso que encuentra en la circunstancia electoral de octubre a Scioli, Obama, el Papa y el macrismo unidos en el mismo punto. Afirmar que el narcotráfico es el punto central de la agenda de seguridad argentina es una ridiculez, pero su repetición cuantitativa (muchas veces) y cualitativa (por formadores de opinión) construye una falsa evidencia incontrastable, además de dotarlo de un excesivo poder significante.

El actual ministro de Defensa Julio Martínez declaró sin tapujos que “la prioridad va a ser lograr un equipamiento que nos permita garantizar la seguridad en la frontera norte, por el narcotráfico”, asumiendo con total naturalidad la militarización de la seguridad fronteriza y de la problemática del narcotráfico. El paso definitivo no está dado, todavía la legislación prohíbe a las Fuerzas Armadas participar en tareas directas de seguridad interior, pero el gobierno buscar encontrar la oportunidad para dejar sin efecto la ley.

En el contexto del rechazo producido tras la firma del decreto de la emergencia por seguridad, en virtud de anuncios que fueron considerados “efectistas pero ineficaces”, la militarización de la frontera norte y la generalización del empleo de fuerzas militares en contingencias de seguridad interior representan en primera instancia un triunfo discursivo del macrismo, aunque trabajado por el gobierno anterior. Al hablar de “enfrentar y derrotar” al narcotráfico el presidente Macri ingresa en un terreno peligroso que, atado a la política exterior americana, ha llenado de muertos a Colombia y México.

Es predecible suponer que operativamente no habrá grandes despliegues ni grandes resultados, en virtud de la disonancia entre las políticas de militarización y la restricción presupuestaria. Por otro lado las decisiones adoptadas (como el derribo de aviones) no se apoyan en una estructura centralizada de inteligencia ni en una radarización eficiente, además de desconocer tajantemente el “principio de demarcación” entre seguridad interior y defensa nacional. Que además no haya aviones en la zona para perseguir al narcotráfico parece casi un detalle sin importancia. La idea del fiscal salteño José María Bruno de construir un muro en la frontera con Bolivia es insensata, pero es más realizable que cualquier otra quimera gubernamental, allí donde se promete más control y en realidad existe una zona liberada.

Los cinco muertos de Costa Salguero, en un evento controlado por la Gendarmería Nacional, parecen desmentir toda intención seria en la “guerra” contra el narcotráfico que el gobierno macrista dice llevar adelante. La fuga de tres presos en la cárcel de General Alvear ya fue directamente una payasada.

En medio de tantas incoherencias es justo preguntarse entonces ¿cuál es la lógica política real escondida tras las declaraciones de “guerra” al narcotráfico? Luego de la visita de dos días del presidente Barack Obama, el gobierno argentino firmó con Washington una serie de acuerdos que expresaron con claridad la doctrina subyacente a esta lucha contra el narcotráfico: la colaboración entre el Ministerio de Seguridad Nacional y las agencias de inteligencia (CIA, NSA), la capacitación de las fuerzas de seguridad en las escuelas de la DEA y el FBI y el incremento de la participación de los efectivos de las Fuerzas Armadas en las misiones de paz de Naciones Unidas, lo que incluye el reequipamiento de la flota de aviones.

Esta doctrina sostiene la unidad conceptual y operativa entre seguridad interior y defensa. El decreto de derribo expone dos debates: en primer lugar adelanta la pena de muerte sin juicio previo y además concede facultades extraordinarias de seguridad interior a las Fuerzas Armadas., Se rompe así el consenso post dictadura acordado entre el PJ y la UCR sobre las leyes de Defensa (1988), Seguridad Interior (1992) e Inteligencia Nacional (2001). El nacimiento de un nuevo consenso reaccionario borraría la frontera entre seguridad y defensa y devolvería el poder de fuego a los militares, perdido tras la dictadura militar.

En esta lógica el presidente Macri sancionó el Decreto 228/2016 de Emergencia de Seguridad Pública, que autoriza la disposición de todos los resortes financieros y materiales para fortalecer el poder represivo del Estado, bajo la presunta “situación de peligro colectivo”.

La necesidad de un nuevo comienzo en políticas de seguridad tiene un origen interno, no vinculado al narcotráfico ni a la geopolítica mundial. El aparato de seguridad del Estado argentino está penetrado de un deterioro prolongado: las amenazas de autoacuartelamiento de la policía de la Provincia de Buenos Aires, la triple fuga de enero con abierta complicidad del Servicio Penitenciario, el descontrol del aparato de inteligencia en circunstancias de la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman, los autoacuartelamientos de las policías provinciales que impulsaron saqueos en diciembre de 2013 y el largo motín en forma de huelga reivindicativa de los prefectos y gendarmes en octubre de 2012. Sobre estos episodios se monta el Plan Justicia 2020, un proyecto de reforma judicial para combatir el “crimen organizado”, según los planteos del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.

Sin una recuperación institucional y operativa de las fuerzas de seguridad no habrá garantías estratégicas para la redistribución desigual de la riqueza que el gobierno macrista se plantea realizar.